Con el objetivo de determinar e instruir sobre la aplicación de buenas prácticas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio que provee la Defensoría Pública del Ecuador, se presentó en Quito, este 29 de noviembre de 2022, el “Protocolo de Atención Inclusiva en el Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad”.

Este documento será de aplicación nacional entre los servidores de la Defensoría y se construyó con la participación de los titulares de derechos y con los aportes técnicos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS. Además, el protocolo establece principios como el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las personas con discapacidad.

Así, atender a la persona con discapacidad de forma preferencial, usar un lenguaje positivo y comunicación efectiva, dirigirse a la persona con discapacidad y preguntarle si requiere algún tipo de apoyo y proporcionar información sobre los procedimientos y requisitos para garantizar el efectivo acceso a la justicia, son las reglas de actuación que deberán seguir los funcionarios.

El defensor Público, Ángel Torres Machuca, mencionó que esa institución brinda asesoría a través de sus 736 defensores públicos a escala nacional en 198 puntos de atención. “Contamos con unidades móviles y 77 consultorios públicos gratuitos”, añadió. Expresó su agradecimiento al CONADIS por el trabajo técnico y apoyo a la Defensoría, ratificando el compromiso de servir a los ciudadanos.

Por su parte, la Dra. Tatiana Escobar, secretaria Técnica del CONADIS, manifestó que “el Estado asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a los mecanismos de justicia en igualdad de condiciones. En este contexto, se debe capacitar a las personas que trabajan en la administración pública”.

La implementación de este Protocolo es un paso importante en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y en el derecho humano fundamental que tienen todas las personas de disponer de medios y modos efectivos, legales e igualitarios para garantizar la satisfacción de todos los demás derechos.