Esta mañana, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, junto al Consejo de Protección de Derechos de Quito, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Secretaría de Inclusión Social de Quito y la Red de Discapacidades realizaron el lanzamiento de la “Ruta para la atención, protección y restitución de derechos para las personas con discapacidad en situación de violencia y/o vulneración de derechos del Distrito Metropolitano de Quito”, documento que constituye una herramienta de política pública y que permitirá que la población con discapacidad conozca qué hacer y cómo actuar frente a un hecho de violencia o vulneración de derechos.

Durante el evento, la Dra. Tatiana Escobar, secretaria Técnica del Conadis, manifestó que los recursos, servicios y acciones que se desplieguen para la atención, protección y restitución de derechos de las personas con discapacidad deben adaptarse a sus requerimientos, caso contrario, por sí solos, no basta para garantizar sus derechos. “Es importante, entonces, eliminar las barreras que impiden su acceso a la justicia y a los servicios de atención y protección”, subrayó.

Por otro lado, la Mgs. Alexandra Ayala, secretaria Técnica del Consejo de Protección de Derechos de Quito, manifestó: «estamos seguros que esta herramienta contribuye a la garantía y protección de derechos de las personas con discapacidad». Y el secretario Técnico de Inclusión Social del Municipio de Quito, Mgs. Fernando Sánchez, hizo hincapié en la importancia de la coordinación interinstitucional para fortalecer el Sistema de Protección de Derechos del DMQ.

Según el Registro Interconectado de Programas Sociales – RIPS, en agosto de 2022, en el Distrito Metropolitano de Quito se registraron 85.536 personas con algún tipo de discapacidad, representando  el 87,88% de la población total con discapacidad en la provincia de Pichincha.  Quito es uno de los cantones que cuenta con la mayor cantidad de servicios públicos y privados de atención, no solo de quienes aquí habitan sino también de aquellas que acuden en busca de servicios especializados.

En este sentido, el presente documento representa un desafío para todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito de las discapacidades, pues a más de  la voluntad política, económica y técnica para fortalecer los servicios existentes, se requerirá continuar trabajando en forma articulada y coordinada para brindar alternativas viables a la población con discapacidad.