El consejero de Gobierno y presidente del CONADIS, Xavier Torres, junto a los Subsecretarios de los Ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Trabajo, Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, presentaron en rueda de prensa, los resultados de la intervención interinstitucional frente al caso de presunta violencia contra una persona con discapacidad ocurrida en una ONG (Fundación) de la ciudad de Quito y que fue denunciado, el pasado mes de diciembre, a través de redes sociales.

Las autoridades informaron que este centro de atención para personas con discapacidad, de carácter privado, no cumplía con las normas legales y no tenía permiso de funcionamiento; por lo que “se resolvió disolver la Fundación y disponer que se nombre un liquidador en un plazo de 90 días”. Además, se inició un proceso sancionatorio por incurrir en las prohibiciones de la Ley de Educación y del Código de Trabajo.

Se constató que la infraestructura tampoco cumplía con las condiciones de seguridad y funcionalidad para brindar servicios a las personas con discapacidad. “Todas las instituciones trabajamos en la investigación de lo ocurrido y se tomaron acciones para proteger a los ciudadanos que se encontraban en el centro, de acuerdo a las competencias de cada una de las entidades. Se hicieron comparecencias con los padres de familia de las personas con discapacidad, así como con los representantes de la Fundación”, señaló el Consejero Xavier Torres.

De su parte, Isabel Maldonado, Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación, dio a conocer que “desde el 24 al 26 de diciembre de 2019, las unidades distritales identificaron a las familias y realizaron visitas domiciliarias. De las doce (12) personas con discapacidad, seis (6) se encontraban en edad escolar, por lo que se inició el proceso de inclusión educativa; tres (3) de ellas ya se encuentran en el sistema educativo público”. Los representantes legales de los otros tres (3) niños, niñas y adolescentes firmaron un acta en la que indicaron la decisión de no acceder al sistema educativo público.

Desde la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito “se tomó la resolución del proceso de disolución de la Fundación”, dijo Yolanda Villaba, Subsecretaria de esta entidad. A la par, se evidenció que existían problemas en infraestructura: aulas inadecuadas, baterías sanitarias deterioradas, entre otros. Tampoco existían registros de las adaptaciones curriculares y los avances pedagógicos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Juan Pablo Mayorga, del Ministerio de Inclusión Económica y Social manifestó que siete (7) personas reciben actualmente el Bono Joaquín Gallegos Lara; una (1) persona se encuentra afiliada IESS; y, otras cuatro (4) no pueden acceder, debido a que no se cumplen los requisitos del bono.

Tres (3) personas adultas con discapacidad actualmente fueron incluidas en Centros Diurnos de Atención, dos (2) representantes legales decidieron no aceptar su inclusión en los Centros Diurnos y una (1) persona se encuentra en su domicilio por enfermedad.

El Ministerio de Salud reportó que las todas las personas recibieron turnos en las unidades de salud para su atención, así como, se les proveyó de insumos y ayudas técnicas.

Mediante estas acciones, que fueron coordinadas por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, se logró garantizar el derecho a una atención integral, mediante el acceso a los servicios públicos, respondiendo así a las necesidades particulares de cada una de las personas con discapacidad que se encontraban en la Fundación y que ahora reciben atención del Estado.