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Foto Personas Analizando

Se inscribe en el esfuerzo de generación de insumos, argumentos y análisis técnicos para que los distintos niveles de gobierno orienten su toma de decisiones, a partir de los resultados obtenidos, que evidencian el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Discapacidades cuatrienal (Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades).

La evaluación de las políticas públicas permite articular soluciones innovadoras a las problemáticas económicas y sociales; y, de forma esencial, retroalimentar el ciclo de la política pública, en busca de su optimización, estableciendo un sistema dinámico y en constante evolución.

Se busca lograr la coherencia entre las políticas públicas para el ámbito de la discapacidad planificadas, diseñadas y formuladas por las entidades rectoras y ejecutoras, con los resultados obtenidos en su gestión; optimizando sus recursos (humanos, técnicos y financieros) y mejorando el proceso de toma de decisiones.

El resultado del avance de los indicadores, permite analizar el cumplimiento de las metas propuestas en la política pública, que evidencia a su vez, la eficiencia y eficacia de las instituciones ejecutoras en la implementación de acciones; así como, en la recopilación de la información, mediante la generación de los registros pertinentes. Esto da cuenta del apropiado seguimiento de las intervenciones públicas y sus resultados.

La evaluación (valoración) y el análisis del comportamiento histórico de los indicadores define las decisiones y ajustes que deben realizarse en la formulación e implementación de las políticas públicas.

Por tanto, se puede considerar que la evaluación forma parte de una “investigación social aplicada”, con el objetivo de contribuir a la solución de los problemas y necesidades de las personas con discapacidad en relación al acceso a sus derechos y medidas de acción afirmativa previstas en la normativa nacional e internacional vigente.

Por otra parte, la evaluación permite un aprendizaje permanente, identificando debilidades, riesgos y problemas en la ejecución de las políticas públicas, permitiendo mejorar los procesos y evitar errores. De igual importancia es transparentar los logros reales y cuantificables de la gestión pública, reforzando su legitimidad y credibilidad.