EDITORIAL por Edison Martínez Rivas, Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS

Quito, 17 de diciembre de 2024.- La presentación del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad representa un hito en la búsqueda por construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. Este proyecto no solo es un conjunto de normas; es un compromiso con la dignidad, los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos, ¡sin excepción!

Es fundamental reconocer que la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural es un derecho humano. La nueva Ley busca garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, eliminando las barreras que históricamente han limitado su participación activa en la sociedad. Al derogar la Ley Orgánica de Discapacidades de 2012 y establecer un marco normativo más robusto y de acuerdo a la realidad actual, estamos dando un paso decisivo hacia la eliminación de la discriminación y de la inequidad de oportunidades.

Uno de los beneficios más significativos de este proyecto de Ley es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral para las Personas con Discapacidad, al establecer al CONADIS como rector del SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Este sistema no solo se encargará de la atención y el apoyo a las necesidades específicas de este grupo poblacional, sino que también coordinará esfuerzos entre diferentes instituciones públicas y privadas. La colaboración interinstitucional es clave para asegurar que las políticas y programas destinados a las personas con discapacidad sean efectivos y se implementen de manera adecuada. Esto significa que, por primera vez, contaremos con un enfoque integral que abarque desde la educación hasta el empleo, pasando por la salud y la accesibilidad sin desatender ningún espacio ni necesidad.

Este proyecto reconoce la vida independiente, el cual es un principio fundamental que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera autónoma y a tomar decisiones sobre su propia vida, en igualdad de condiciones. Este concepto va más allá de la mera existencia en la comunidad; implica la capacidad de tomar decisiones en todo el ciclo de vida, así como el acceso a los recursos y apoyos necesarios para llevar a cabo actividades diarias sin depender de terceros.

La Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad promueve la creación de políticas y programas que faciliten la autonomía, proporcionando servicios de apoyo, formación y oportunidades laborales que permitan a las personas con discapacidad desarrollar sus habilidades y participar plenamente en la vida social y económica.

Con este documento, la participación política de las personas con discapacidad, que no solo implica el acceso a las urnas y la posibilidad de votar, sino también la inclusión activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades al instaurar que las organizaciones políticas incluirán a las personas con discapacidad dentro de las candidaturas para participar en los procesos de elección popular, serán un gran paso. Al facilitar su participación política, se fortalece la democracia y se enriquece el proceso de toma de decisiones con perspectivas diversas, asegurando que las necesidades y derechos de las personas con discapacidad sean considerados y respetados en un país inclusivo.

Además, el proyecto de Ley contempla la accesibilidad en todos los entornos: físicos, tecnológicos, comunicacionales y sociales. Esto significa que se establecerán normas y estándares que aseguren que las infraestructuras, los servicios y la información sean accesibles para todos. La eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de espacios públicos son pasos cruciales para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida comunitaria.

Imaginemos un país en el que todos, por nuestras capacidades, podamos acceder a la educación, la cultura y el entretenimiento sin limitaciones.

Uno de los aspectos más destacados en el ámbito educativo es que deja de tener una mirada generalista para orientarse hacia enfoques más específicos. Esto se refleja en la categorización oportuna de los diferentes tipos de educación, como el sistema nacional de educación, el sistema de educación intercultural bilingüe, la etnoeducación y la educación superior. Este desglose permite identificar de manera precisa las atribuciones y responsabilidades de los entes rectores del sistema educativo, esclareciendo espacios y normas que anteriormente no se contemplaban. Se amplía el alcance del objeto de la educación para personas con discapacidad. La visión tradicional de acceder, garantizar permanencia y culminar el proceso educativo ha evolucionado hacia un enfoque más dinámico, que incorpora aspectos fundamentales. Este cambio garantiza que las personas sean protagonistas activas dentro de los procesos educativos, tanto en la educación media como en la superior.

Resalta de esta Ley la promoción de la salud y el bienestar de las personas con discapacidad. Se establecerán mecanismos para garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo la entrega de ayudas técnicas y medicamentos gratuitos. La salud es un derecho humano fundamental, y es nuestra responsabilidad como Estado asegurar que todas las personas, sin importar sus condiciones, tengan acceso a la atención médica que necesitan. Así mejoraremos la calidad de vida de las personas con discapacidad, y construiremos una sociedad más saludable y solidaria.

En el ámbito cultural se fortalecerá la capacitación y formación de los artistas y gestores culturales con discapacidad a través de cursos y programas de capacitación. Para garantizar la accesibilidad en espacios patrimoniales se permitirá la importación de equipos, ayudas técnicas y mecanismos en museos, bibliotecas y espacios patrimoniales para uso exclusivo de personas con discapacidad; de igual forma en el campo deportivo se ha señalado que se gestionarán y crearán las condiciones para implementar los mecanismos que permitan la accesibilidad a la infraestructura deportiva y recreativa.

La participación activa de las personas con discapacidad en el proceso de creación de esta ley es otro de nuestros grandes logros. Al escuchar nuestras voces y considerar nuestras necesidades y preocupaciones, hemos logrado un marco normativo que realmente refleja la realidad de nuestro grupo.

La inclusión de nuestras perspectivas en la redacción de la Ley asegura que las disposiciones legales sean pertinentes y efectivas. Este enfoque participativo es un ejemplo de cómo la democracia puede funcionar en su máxima expresión, promoviendo la voz de aquellos que a menudo son marginados.

Finalmente, quiero destacar que la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad no es solo un conjunto de normas; es un llamado a la acción para todos nosotros. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad inclusiva. Desde el Gobierno hasta la sociedad civil, todos debemos comprometernos a trabajar juntos para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y promovidos.

En conclusión, el Proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad es un paso fundamental hacia la construcción de un Ecuador incluyente. Nos brinda la oportunidad de transformar nuestra sociedad, asegurando que todas las personas podamos desarrollar nuestro máximo potencial y contribuir al progreso colectivo.

Juntos, hagamos de este proyecto una realidad y construyamos un futuro donde la inclusión y la dignidad sean la norma, no la excepción.

-«Nada sobre nosotros, sin nosotros»

Lea aquí: INFORME PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD